La Asociación del Fútbol Argentino salió a responder públicamente a la Inspección General de Justicia (IGJ) y negó haber cometido irregularidades en la presentación de sus balances contables. A través de un extenso comunicado, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia aseguró que cumplió con todos los requerimientos formales y cuestionó con dureza el accionar del organismo de control.

La reacción llegó luego de que la IGJ intimara a la AFA por supuestas inconsistencias administrativas y financieras, en el marco de una investigación que analiza los estados contables correspondientes a los ejercicios 2017 a 2023. Desde Viamonte sostuvieron que la intimación ya fue contestada en tiempo y forma y que la documentación solicitada fue presentada ante el organismo.

En el texto difundido, la AFA rechazó especialmente las críticas por el cambio de jurisdicción, de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia. Según explicó, esa decisión fue aprobada en Asamblea, fiscalizada por veedores de la propia IGJ y certificada oficialmente en noviembre de 2024. “Es falso afirmar que la AFA se haya escapado o que el cambio sea ilegal”, remarcaron.

La entidad también afirmó que la IGJ conoció, participó y validó cada etapa del trámite. Incluso recordó que el propio organismo emitió certificados donde dejó constancia de que la AFA se encontraba al día con la presentación de balances y sin medidas cautelares.

En relación con los estados contables, la AFA sostuvo que presentó todos los balances desde 2017 hasta 2024. Aclaró que solo recibió una observación formal, correspondiente al ejercicio 2017, que fue respondida en plazo, y que el resto de las supuestas vistas nunca fueron notificadas conforme a la normativa vigente.

Además, el comunicado cuestionó demoras administrativas de la IGJ, expedientes sin movimiento durante años y presuntas irregularidades internas en el tratamiento de la documentación. Para la conducción del fútbol argentino, el organismo de control intenta ahora construir un relato de incumplimiento para cubrir su propia inacción.

“La AFA nunca se negó a exhibir documentación ni a someterse al control estatal”, enfatizó la entidad, que también negó frases atribuidas públicamente al presidente Tapia en ese sentido.

Otro de los puntos centrales del descargo fue la competencia actual del organismo. La AFA afirmó que, tras el cambio de jurisdicción, la fiscalización le corresponde exclusivamente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, y que la IGJ solo puede intervenir en trámites iniciados con anterioridad.

En el cierre, la AFA acusó a la IGJ de actuar con desidia, de filtrar información reservada y de utilizar el plano mediático para formular imputaciones sin respaldo documental. “No hubo intención de eludir controles. Lo que queda expuesto es un organismo que intenta reactivar expedientes para sostener un relato ficticio”, concluyó el comunicado.

Mientras tanto, la causa sigue abierta y la citación a los contadores que certificaron los balances marcará el próximo capítulo en un conflicto que ya se transformó en uno de los frentes más sensibles para la conducción del fútbol argentino.